Se corrobora uso ilegal de la fuerza en Ucrania ¿Que le depara a Rusia? Corte Internacional de Justicia ordena medidas provisionales a favor de Ucrania.
* Por Carmen Rodríguez.
Por 13 votos a favor contra 2[1] finalmente la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya decidió ordenar tres de las cuatro medidas provisionales[2] solicitadas por Kiev. La solicitud fue amparada bajo el argumento de que Ucrania tenía el derecho en el marco de la Convención sobre Genocidio[3] de no ser objeto de acusación falsa de genocidio y que luego se utilice -esta afirmación- como base para el uso de la fuerza en su contra.
Sobre la Jurisdicción
La Convención contra el Genocidio de 1948 es el instrumento internacional escogido por Ucrania como base de la competencia de la Corte de Justicia de La Haya ya que Rusia justificó su accionar contra en Ucrania desde el pasado 24 de febrero so pretexto, entre varios argumentos, de la existencia de un supuesto “genocidio”. Este genocidio se habría cometido en Ucrania contra las poblaciones pro rusas en las regiones de Luhansk y Donetsk, ergo era importante para la CIJ escuchar – de parte de Rusia – información sobre el alcance de semejante afirmación por parte de las máximas autoridades rusas.
Por otra parte, Rusia (basado en un estándar prima facie) sostiene que la Corte carece de jurisdicción sobre cualquier asunto relacionado con el uso de la fuerza, ya que quedan fuera del alcance de esta Convención y no están cubiertos por la cláusula de compromiso de la misma, y argumenta que sería completamente inapropiado entender de alguna manera el jus ad bellum[4] en la Convención por implicación, negando firme y explícitamente que las acusaciones de genocidio contra rusos/rusoparlantes en el Donbás tengan algún tipo de vínculo con su uso de la fuerza contra Ucrania.
Sobre este punto la Corte considera que tanto Ucrania como la Federación Rusa son partes de este tratado y sin reservas al artículo IX desde 1989 y al examinar las declaraciones públicas de funcionarios rusos, aquí comprendido el discurso del presidente Vladimir Putin en vísperas de la invasión y su expresa referencia a detener el genocidio como el propósito del uso de la fuerza, resuelve en darle la razón a Kiev.
Sobre el uso de la fuerza
Si recurrimos al discurso del presidente Putin y extraemos los argumentos formales para el uso de la fuerza en Ucrania nos encontramos que, primero Rusia está usando la fuerza en legítima defensa, de conformidad con el Artículo 51 de la Carta, para protegerse de -algún tipo de- amenaza que emana de Ucrania. En los hechos, esto parece una teoría de autodefensa anticipada o preventiva: un ‘ataque armado’ no es ‘inminente’ contra Rusia de ninguna manera concebible, pero existe una amenaza existencial tan grave que es necesario actuar ahora para prevenirlo. En segundo lugar, como argumento de legítima defensa colectiva de las repúblicas -supuestamente independientes- de Donetsk y Luhansk, donde se estaría cometiendo genocidio. La validez de ese argumento dependería, por supuesto, de si estas dos entidades son de hecho Estados (no lo son, y no se convirtieron en tales esta semana simplemente porque el presidente Putin firmó un papel), y de si Ucrania atacó a estos dos nuevos supuestos Estados. Pero incluso si este argumento se tomara al pie de la letra no encaja con los criterios de necesidad y proporcionalidad.
Por su parte, el Tribunal aceptó como plausible el argumento creativo de Ucrania de que tenía derecho en virtud de la Convención a no ser objeto de una acusación falsa de genocidio que se utiliza como base para usar la fuerza en su contra. Su atención se centró en el uso de la fuerza que se basa en una afirmación falsa, aunque reiteró su punto de vista anterior de que el deber de prevención de la Convención sobre el Genocidio opera solo «dentro de los límites del derecho internacional», es decir, no permite el uso de la fuerza. más allá de los límites de la Carta (párrafo 57)[5].
En efecto, la Corte determinó que sí existe un vínculo suficiente entre el derecho plausible de Ucrania y las medidas provisionales solicitadas. Sin embargo, la cuarta solicitud del tipo de Gambia/Myanmar[6] sobre crear un mecanismo de información/supervisión fue rechazada.
Es así que podemos concluir que la Corte ha invocado a Rusia cumplir con lo ordenado y detener esta retórica de genocidio, caso contrario, nos veremos en un escenario de falta de respeto a las instituciones internacionales, severas sanciones en carácter económico y sobre todo legalmente, el incumplimiento de una obligación internacional.
* Carmen Rodríguez es Research Fellow Jr. de la organización Ankawa Internacional. Email: c.rodriguez@ankawainternacional.org.
[1] https://news.un.org/es/story/2022/03/1505692
[2] De acuerdo al artículo 41 del Estatuto de la Corte y la reiterada jurisprudencia que emite, las medidas cautelares se adoptan para resguardar los derechos de una de las partes frente al peligro o la violación efectiva de estos, es así que se ordena el cese de estos actos hasta el pronunciamiento final en la sentencia.
[3] https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/treaty-1948-conv-genocide-5tdm6h.htm
[4] Derecho relativo a entrar en guerra, entendido como las condiciones para recurrir al uso de la fuerza
[5] Corte Internacional de Justicia (CIJ). Orden de medidas provisionales. Caso Ucrania vs Federación Rusa. https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-00-EN.pdf#page=15
[6] Gambia vs Myanmar. Sobre presuntas violaciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. La Corte ordena a la República de la Unión de Myanmar presentar un informe sobre todas las medidas adoptadas periódicamente.