Arriesgando sus vidas por la paz ambiental.
* Por Carmen Rodriguez.
La creciente demanda de hidrocarburos, actividades de exploración y explotación tanto de gas como otros minerales impulsadas en los últimos 20 años en territorios habitados por comunidades indígenas no solo es una problemática acontecida en nuestro país sino en toda Latinoamérica.
La ausencia de los Estados- como garantes de los derechos-y muchas veces corrompidos por intereses económicos ha provocado una tendencia regional de conflictos sociales que ha dejado en un estado de vulnerabilidad a las comunidades indígenas y en especial al grupo de los defensores ambientales. Estos actores están caracterizados por proporcionar información a la sociedad civil, en este caso, el derecho de participación y de información constituyen sus pilares fundamentales, estas comunidades organizadas para luchar por sus derechos y la justicia ambiental están enfrentados a los impactos de la industria extractiva que incluyen contaminación de aguas, aire y suelos, así como la relocalización forzada, la corrupción, la prostitución y el alcoholismo.
La mujer indígena y la vulneración de derechos fundamentales
El boom extractivo de los minerales que trajo prosperidad a una parte del país ha sido una maldición para la mujer indígena, víctimas de esta explotación en las que pocos piensan, permanecen pobres, aisladas, expuestas a enfermedades y a la violencia familiar.
En la comunidad machiguenga –por ejemplo- la situación ha cambiado drásticamente la vida de las mujeres y es que desde hace tiempo en Camisea, las nuevas relaciones productivas que traen estas actividades, influye también en las relaciones de género. Los hombres ya no cazan, ni pescan, ni se dedican a la agricultura, en cambio, trabajan en actividades relacionadas a los proyectos u obras de infraestructura aledaños, entonces se desplaza a las mujeres de sus rutinas tradicionales, como el cultivo en las chacras. En otros extremos del país, los impactos ambientales y la contaminación del agua es especial, socavan aún más a las comunidades indígenas y su economía, recordando la vulnerabilidad de las familias, principalmente, de la mujer indígena, responsable de la alimentación y la administración del hogar en las comunidades.
Según el antropólogo Willie Guevara (2016) en la tradición Amazónica, la mujer tiene un papel hegemónico; pero cuando la industria extractiva se instala en alguna zona, la gestión de recursos se altera, se prioriza el desempeño laboral de los hombres y se destruye el rol de la mujer, llamando a estos impactos: «pasivos subjetivos irremediables».
Al frente por el medio ambiente
A pesar de la situación que se vive en estas comunidades indígenas hay mujeres que se han levantado y alzado la voz para reclamar sus derechos. Mujeres que están tejiendo, con sus vidas, fundamentos de una sociedad más justa e igualitaria. No obstante, como defensoras ambientales sufren la violación de sus derechos fundamentales como consecuencia de la existencia de una degradación ambiental previa. La mayoría de los casos, por lo tanto, está relacionado con la degradación ambiental del hábitat de comunidades indígenas y/o pobres. Los defensores del medio ambiente no siempre son «activistas» o miembros de organizaciones en defensa del medio ambiente, sino que muy frecuentemente son personas que simplemente se enfrentan a decisiones importantes que afectan su medio ambiente, o pueblos indígenas cuyo uso tradicional de sus tierras es amenazado. En este sentido, la indefensión de las víctimas de degradación ambiental como víctimas de violaciones de derechos humanos provoca que sean principalmente los defensores ambientales quienes intentan defender a los grupos más vulnerables.
Uno de los problemas más frecuente es que las autoridades enjuician a los defensores, atribuyéndoles cargos civiles y penales injustificados, con la pretensión de detener la protesta social y que el movimiento ambientalista se enfoque en la excarcelación de sus líderes. Así, las defensoras ambientales se encuentran en una situación particular de doble vulnerabilidad: por un lado, los intereses del propio Estado y los poderosos grupos económicos que en la mayoría de los casos cuentan con la connivencia del Estado, y por otro, la vulneración de derechos de sus familias.
La gravedad de la situación de las personas y de las organizaciones no gubernamentales en el mundo y el nivel creciente de represalias en contra de los defensores y defensoras constituyeron una de las razones principales por las cuales se aprobó la Declaración sobre defensores y defensoras de los derechos humanos y por las que la Asamblea General decidiera establecer el mandato de un experto sobre los defensores de derechos humanos con el fin de informar al Consejo de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos acerca de esta cuestión. El mandato sobre la situación de los defensores de los derechos humanos fue creado en el año 2000 por la Comisión de Derechos Humanos (como un procedimiento especial) para apoyar la aplicación de la declaración de 1998. El mandato también incluye una perspectiva de género en su labor, y crea conciencia sobre la situación de los defensores y las defensoras que corren mayores riesgos y sobre las violaciones cometidas en su contra. Desde la creación de este mandato, la Relatoría recibió una gran cantidad de comunicaciones, relacionadas con presuntas violaciones cometidas contra defensoras y activistas que trabajaban en cuestiones ambientales y relacionadas con la tierra. Según el informe de la relatora, estas mujeres participaron activamente en negociaciones con las comunidades locales para resolver conflictos de tierras (novecientas mujeres en el Brasil, Colombia, Guatemala y la India) y denunciar apropiaciones de tierras (China); tratar de obtener reparación para los pueblos indígenas (India, Nepal, Perú); protestar contra la creación de un complejo residencial y de recreo (México); rodar un documental sobre los efectos dañinos de la producción de petróleo (Nigeria); hacer campaña en favor de los derechos sobre el agua y en contra de la construcción de una presa (India); y oponerse a proyectos mineros (Perú).
Cambio en la lógica del Estado
Ha pasado casi un año y medio desde la aprobación del “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), un documento que se enfoca en la protección de este grupo de ciudadanos a través de acciones, elaboración de procedimientos y medidas de articulación.
Para la especialista del programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Katherine Sánchez (2020) si bien el Ejecutivo ha generado normas que ponen en valor y buscan proteger el trabajo que realizan las personas defensoras de derechos humanos, entre ellos, los ambientales, la ejecución efectiva de estas medidas ha encontrado diversos problemas estructurales.
“Uno de ellos se vincula con el desconocimiento que tenemos como sociedad sobre el trabajo que realizan estas personas en nuestro beneficio, lo cual facilita su estigmatización. Así, nos hemos acostumbrado a, por ejemplo, calificar a las personas protectoras del ambiente como ‘antidesarrollo’ para deslegitimar su lucha o a calificarlas de radicales. Esta descalificación se encuentra interiorizada incluso en las personas que ejercen la función pública lo cual puede colocar en una posición de desventaja a las personas defensoras cuando más necesitan de sus autoridades. La promoción de la defensa de derechos humanos resulta trascendental para sensibilizarnos e interiorizar la importancia de esta labor“, detalló Sánchez.
Si bien es cierto, existen organizaciones sin fines de lucro y que focalizan su misión en proteger los derechos de los defensores ambientales como Protección International, Front Line Defenders, International Environmental Defenders Network, etc. , no constituyen obligaciones legales ni en el derecho internacional ni en el derecho peruano, teniendo, solamente un marco legal a nivel europeo.
La criminalización y violencia sobre las personas defensoras ha aumentado en el contexto de pandemia. En paralelo, los gobiernos de América Latina miran para otro lado y/o sancionan leyes que le otorgan a las empresas extractivas vía libre para accionar, marcando una tendencia al retroceso de la gobernabilidad de los bienes comunes y un aumento de la inseguridad de las defensoras ambientales. Ante este contexto, siguen en pie de lucha denunciando, articulando, resistiendo, “luchar por el territorio es luchar por la vida”.
* Carmen Isabel Rodriguez Rodriguez, estudiante de último año de la carrera de Derecho en la Universidad Andina del Cusco, pasante en el Centro Deizy Beltran para la Investigación y Defensa de Poblaciones Vulnerables de Ankawa Internacional. Sus áreas de investigación son grupos vulnerables, con inclinación en temas relacionados a Derecho Ambiental, Derechos Humanos y el Derecho Internacional.